La previsión del hombre ante el infortunio y la incertidumbre es tan antigua como el hombre mismo. No obstante, los sistemas de seguros sociales, tal como los conocemos hoy, son relativamente recientes y tienen sus orígenes en el siglo XIX, en el contexto de la Revolución Industrial. Fue Bismarck, canciller alemán, quien presentó al Parlamento un proyecto de seguro obligatorio contra accidentes y enfermedades, que alcanzó consagración legislativa el 15 de julio de 1883, para proteger a los trabajadores de la industria en forma obligatoria contra el riesgo de enfermedad y la contingencia de la maternidad; con prestaciones por un máximo de trece semanas, mediante el pago de cotizaciones abonadas en la proporción de dos terceras partes por los trabajadores y una tercera por los empresarios (Nugent, 1997).

Sin embargo, los seguros sociales obligatorios y la seguridad social en sí misma son conceptos relacionados, pero a la vez diferentes. Mientras que los primeros protegen a trabajadores individuales por cuenta ajena, la segunda hace referencia a una protección más general que tiene como objetivo la población toda. Asimismo, los seguros sociales protegen al trabajador contra determinados riesgos y contingencias sociales; en cambio, la seguridad social se estructura para cubrir todos los riesgos y contingencias a que están sujetos los miembros de una determinada colectividad (ídem).

Bajo estos conceptos, se puede rastrear el origen de la seguridad social moderna en la década del 30 del siglo XX. En la gran convulsión social y económica que significó la Gran Depresión, distintos países occidentales adoptaron políticas dirigidas a proteger al hombre ante la enfermedad, la pobreza, la vejez y el desempleo. En estrecha relación con esta, surgen los Estados de Bienestar en occidente, que luego se reafirman una vez terminada la Segunda Guerra Mundial con la adopción de organismos y tratados internacionales. Actualmente en el siglo XXI la seguridad social es un derecho humano fundamental. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) define a la seguridad social como como un sistema basado en cotizaciones que garantiza la protección de la salud, las pensiones y el desempleo, así como las prestaciones sociales financiadas mediante impuestos (OIT, 2010).

La seguridad social tiene dos dimensiones principales. Primero, la seguridad de ingreso: aliviar el estado de necesidad e impedir la miseria, restableciendo, en un nivel razonable, los ingresos perdidos, a causa de la incapacidad para trabajar (comprendida la vejez), o para obtener trabajo remunerado o a causa de la muerte del jefe de familia. Segundo, la disponibilidad de la asistencia médica, garantizando a las personas la asistencia que puedan prestar los miembros de la profesión médica y de las profesiones afines y amparando a todos los miembros de la comunidad (Uthoff, 2012).

Dentro de la seguridad social podemos encontrar a los sistemas de pensiones y jubilaciones. Los sistemas de pensiones y seguros pueden ser contributivos y no contributivos. Los primeros son sistemas financiados por el individuo mediante cotizaciones regulares a lo largo de su vida laboral, mientras que los segundos son financiados por el Estado. Los sistemas contributivos pueden ser públicos como privados. Las contribuciones además suelen ser tripartidas, es decir, entre el Estado, los empleados y empleadores.

Los sistemas también pueden ser de beneficio definido o de contribución definida. Los primeros estipulan lo que se va a recibir a través de un criterio o formula, como el salario promedio o los años de trabajo. Los segundos estipulan una contribución definida, pero el beneficio dependería de la rentabilidad de sus fondos invertidos. Esto está relacionado a la forma en que se administra financieramente el sistema. Por un lado, el sistema puede ser PAYG (“Pay As You Go” o “Pago por uso”) en donde los trabajadores activos financian a los retirados. Por otro, puede funcionar como un sistema de capitalización, en el cual cada trabajador financia su propia pensión directamente y recibe su contribución más las ganancias/pérdidas que se obtienen de haber invertido sus aportes.

Según su cobertura, un sistema puede ser universal o segmentado a determinados grupos. Los sistemas universales de seguridad protegen a todos los ciudadanos sin discriminar por ocupación o nivel de ingreso. Lo sistemas segmentados se limitan a cubrir a ciertos grupos, diferenciando por su nivel de ingreso, su categoría ocupacional, su sector económico o historial laboral.

Los efectos de la seguridad social son extensos, pero sin duda la seguridad social contribuye a la cohesión social y al crecimiento y desarrollo general del país mediante la mejora de las condiciones de vida, amortiguando los efectos de las transformaciones estructurales y tecnológicas en las personas. Para los empleadores y las empresas, la seguridad social ayuda a mantener unas relaciones laborales estables y una fuerza de trabajo productiva (OIT, 2010).

Trabajos citados

Nugent, R. (1997). La seguridad social: su historia y sus fuentes. En N. d. Buen Lozano, & E. Morgado Valenzuela, Instituciones de derecho del trabajo y de la seguridad social. Universidad Nacional Autónoma de México.

Organización Internacional del Trabajo (OIT). (2010). Hechos concretos sobre la Seguridad Social.

Uthoff, A. (2012). Introducción a la Seguridad Social. CEPAL.

Autores:

Claudio Cappello

Joaquín Sostoa

Jazmín Suárez